Sinaloa bajo fuego: el crimen organizado irrumpe en hospitales.

2 septiembre, 2025 | 6:38 p. m.

La violencia en Sinaloa cruzó una línea alarmante con ataques armados dentro de hospitales en Culiacán, donde comandos disfrazados de médicos ejecutaron a pacientes en terapia intensiva. Estos hechos, ligados a la disputa interna del Cártel de Sinaloa, rompieron el histórico pacto de respeto a zonas neutrales como los centros de salud. La respuesta oficial incluyó operativos y nuevas medidas de seguridad, pero crece la presión ciudadana ante un gobierno que parece rebasado por el crimen.

Sinaloa bajo fuego: el crimen organizado irrumpe en hospitales 

Sinaloa  - 2 de septiembre de 2025

 

La crisis de violencia en Sinaloa alcanzó esta semana un nuevo nivel de brutalidad. En una serie de ataques sin precedentes, comandos armados irrumpieron en al menos tres hospitales de Culiacán —el Hospital Civil, el Hospital General y una clínica privada— dejando un saldo de cinco personas muertas y varios heridos, entre ellos una menor de edad. Testigos reportaron que algunos de los atacantes se hicieron pasar por personal médico para ingresar a las instalaciones y ejecutar a sus objetivos dentro de áreas restringidas como terapia intensiva.

 

Con estos hechos, el Cártel de Sinaloa ha roto un acuerdo tácito de décadas: el respeto a las llamadas “zonas neutrales”, como hospitales y escuelas. Este giro en la violencia ocurre en medio de una feroz disputa interna entre las facciones de "Los Chapitos" y los remanentes leales a Ismael "El Mayo" Zambada, cuya reciente detención en Estados Unidos ha desatado una guerra interna con más de 1,700 muertos y cerca de 2,000 desaparecidos en menos de un año.

 

Tras los ataques, las autoridades estatales desplegaron operativos en distintos puntos de Culiacán. En una casa del fraccionamiento Urbivilla del Cedro se decomisaron 37 armas largas, miles de cartuchos, 150 kilos de droga, uniformes tácticos, radios de comunicación y equipo policial apócrifo. Aunque no hubo detenidos, la vivienda quedó asegurada por el Ministerio Público.

 

La Secretaría de Salud de Sinaloa anunció nuevas medidas de seguridad para los hospitales del estado. Entre ellas, destacan la presencia permanente de fuerzas de seguridad, la instalación de detectores de metales en accesos principales y un control más estricto sobre el ingreso de personal y visitantes. Estas acciones buscan evitar que los centros médicos se conviertan nuevamente en escenarios de violencia armada.

 

Las reacciones no se hicieron esperar. Tere Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, calificó los hechos como un “crimen sin justificación” y una muestra de que el crimen organizado ha dejado de respetar cualquier límite. Pidió al gobierno estatal y federal actuar con firmeza y urgencia.

 

Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas, criticó duramente al gobernador Rubén Rocha Moya y exigió resultados inmediatos. “Sinaloa vive una película de terror, y mientras tanto, el gobierno parece estar en pausa”, declaró.

 

Los ataques en hospitales marcan un antes y un después en el conflicto entre grupos criminales en Sinaloa. Si antes existían ciertas “reglas no escritas” dentro del crimen organizado, estas han sido violentadas abiertamente. Los hospitales —que históricamente eran considerados espacios intocables incluso en los peores momentos— hoy se convierten en escenarios de ejecuciones, con consecuencias que van más allá de lo inmediato: el miedo se ha instalado en el lugar donde debería encontrarse refugio.

 

Además, la detención de “El Mayo” Zambada en julio pasado ha desestabilizado profundamente la estructura del Cártel de Sinaloa, lo que ha dado paso a venganzas, traiciones y ajustes de cuentas que han salpicado a la población civil.

 

La irrupción del crimen organizado en hospitales no solo representa una afrenta a la ética más básica, sino también una señal de alarma sobre el grado de control que han perdido las autoridades en regiones como Sinaloa. Cuando ni los hospitales pueden garantizar seguridad, la pregunta es obligada: ¿quién protege a los inocentes?