Elección judicial: “la victoria del desencanto”..

En un país donde la democracia aún busca fortalecerse desde sus cimientos, la elección
judicial del próximo 1 de junio representa una oportunidad crucial. Sin embargo, lejos de
entusiasmar o movilizar a la ciudadanía, este proceso parece destinado a engrosar las filas
del abstencionismo. No se trata de simple apatía ni de falta de educación cívica; lo que se
expresa en el desinterés creciente es algo más profundo: un desencanto acumulado frente
a un sistema que simula participación sin garantizar representación.
La propuesta de elegir jueces y magistrados mediante el voto popular podría parecer, en
teoría, un avance hacia una justicia más cercana al pueblo. Sin embargo, el diseño actual
de este proceso ha terminado por vaciarlo de contenido democrático real. Lo que debía
ser una oportunidad para empoderar a la ciudadanía se ha transformado en un ejercicio
puramente formal, donde el electorado se enfrenta a boletas repletas de nombres
desconocidos, sin trayectorias verificables, sin propuestas sustantivas, y en muchos casos,
con claros vínculos a intereses políticos o partidistas.
En lugar de un debate serio sobre la independencia judicial, la ética en la impartición de
justicia o la trayectoria de quienes buscan ejercer estos cargos, nos enfrentamos a
campañas dominadas por propaganda vacía, descalificaciones cruzadas y un clima
electoral más parecido a una contienda política que a un ejercicio técnico y republicano.
La ciudadanía, que no es ingenua, percibe esta distorsión y responde con lo único que le
queda: su silencio en las urnas.
El llamado al “voto informado” se vuelve entonces una consigna hueca, repetida sin
ofrecer las condiciones mínimas para que ese voto sea realmente libre y consciente.
¿Cómo puede informarse un ciudadano cuando los mecanismos no son claros para
contrastar perfiles, verificar trayectorias o entender el impacto concreto de su elección?
La información relevante queda sepultada bajo montañas de spots, eslóganes sin
contenido y narrativas diseñadas para polarizar, no para explicar.
Por ello, la abstención no debe interpretarse exclusivamente como un síntoma de
desinterés, sino también como una respuesta política legítima. En muchos casos, es un
acto de resistencia cívica ante un sistema que pide participación pero niega influencia real.
El electorado no se rehúsa a votar porque no le importe la justicia, sino porque sabe que
ese voto, tal como está planteado, no cambiará el fondo del problema: un sistema judicial
cada vez más capturado por los intereses del poder.
Si queremos que la justicia sea realmente un pilar democrático, debemos empezar por
devolverle al ciudadano el derecho no solo de votar, sino de elegir con criterio,

transparencia y garantías reales de participación. Esto implica repensar el modelo
completo de selección judicial: desde los requisitos de los aspirantes, los mecanismos de
fiscalización y consulta pública, hasta la pedagogía institucional que permita entender qué
está en juego cuando se deposita un voto para quienes impartirán justicia.
Mientras tanto, la elección del 1 de junio corre el riesgo de convertirse en una ceremonia
vacía: una contienda sin contendientes reales, una decisión sin opciones significativas, una
elección sin representación. Y aunque el abstencionismo nunca es deseable como política
permanente, hoy representa, paradójicamente, la expresión más honesta del desencanto
democrático.
Hasta que las elecciones judiciales garanticen imparcialidad, transparencia y verdadera
voz ciudadana, la desconfianza seguirá ganando espacio. Porque no hay voto libre donde
no hay opción real. Y no hay justicia cuando su elección nace de un proceso que la contradice.